De esta manera, dichas personas necesitan una ayuda social, de una o varias personas, para poder llevar una vida diaria lo más cercana a la normalidad. Por ello, esta normativa ofrece una serie de servicios y prestaciones destinados a la generación de una mayor autonomía personal. También contempla la protección y atención a estas personas mediante servicios, tanto públicos como privados. El propósito de esta ley va más allá de la prestación de asistencia; busca reducir la carga que recae sobre los cuidadores familiares, quienes tradicionalmente han asumido el papel de cuidar a personas dependientes, contribuyendo así a su integración social.

La Ley de Dependencia se articula a través de un sistema de colaboración entre el gobierno central y las administraciones autonómicas y locales. El objetivo es garantizar un contenido mínimo de servicios en todo el territorio nacional y facilitar la adaptación de los servicios a las particularidades regionales. Esta coordinación permite un mejor seguimiento y evaluación de los beneficiarios, así como una respuesta ágil a nuevas necesidades que puedan surgir con el tiempo.